ANTONIO GALLARDO

SEVILLA.— Las organizaciones sociales Andalucía Acoge y Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) declararon ayer en rueda de prensa estar en contra de los «supuestos» acuerdos realizados entre España y Marruecos en la pasada cumbre hispano-marroquí en materia de menores, para agilizar la repatriación de los más de 800 expedientes de reagrupación pendientes. Lamentan que los gobiernos de los dos países hablen de «reforzar los operativos de vigilancia», en lugar de consolidar un sistema de protección de la infancia en Marruecos. Igualmente les preocupa que se hable de «mejorar las medidas preventivas» para interceptar las pateras y cayucos, cuando en su opinión se debería confiar en un proyecto de vida en su país y sobre todo, se critica que las administraciones antepongan la condición de menor, tal y como marca la ley.

Desde la sede de la Apdha en Sevilla manifestaron su profunda inquietud debido a las últimas declaraciones de administraciones sobre las repatriaciones masivas a Marruecos de menores no acompañados. Estas organizaciones denuncian que a lo largo de esta semana se «viene lanzando» a través de responsables de la Junta de Andalucía un cambio de rumbo de la política con los niños inmigrantes que llegan a territorio español, «cambio peligroso» con el que la Junta y el Gobierno intentan sortear la ley de obligado cumplimiento en materia de menores.

Ángel Madero, vicepresidente de Andalucía Acoge, afirmó que la Junta ha sido pionera en dar un trato decente a los menores no acompañados a diferencia de otras comunidades autónomas, felicitándola por «el trato de esta comunidad a los menores no acompañados en los últimos años».Se recuerda a la Junta que la legislación actual dice que cualquier muchacho no acompañado por un adulto está en situación de abandono, respondiendo a las declaraciones de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social de que la mayoría de los menores no reúne «el perfil fijado por la legalidad española para considerarlos en situación de desamparo».

La coordinadora de la Adpha, señaló que el pasado 3 de julio el delegado de gobierno en Andalucía, Juan José López Garzón, declaró que en los seis primeros meses de este año se había reducido en un 12 por ciento la llegada de menores inmigrantes a las costas andaluzas. Sin embargo, el delegado habló de un colapso del sistema de protección causado por la «avalancha» de menores extranjeros, término que se contradice con la reducción de las llegadas de niños. Por lo que las organizaciones por tanto dicen que «no hay tal desbordamiento».

«Efecto llamada»

Muchos son los que hablan de un futuro «efecto llamada» igualándolo con el proceso de regularización de inmigrantes decretado por el Gobierno socialista en 2005. Para estas organizaciones habría que hablar más bien de que «la miseria es un efecto empujón», por lo que «hacer las cosas mal para que no vengan, sería una argumentación casi kafkiana».

En lo que va de 2007 ha habido una disminución del 58 por ciento del número de inmigrantes irregulares en términos absolutos respecto al mismo periodo del año pasado. Sin embargo, el mes de julio arranca con cifras «preocupantes», según el delegado del Gobierno, 62 adolescentes marroquíes llegados a las costas.Estas dos organizaciones exigen a las administraciones una mayor atención residencial, asistencia letrada para los jóvenes en el proceso y que el muchacho sea tratado como un sujeto de derecho y, por supuesto, que la política de menores «no sólo sea de justicia, sino de solidaridad».